La Ley de Aguas que propuso David Korenfeld de la CNA en 2015 intentaba privatizar de suministro de agua en México

Aun con la adopción de la resolución 64/292 de la ONU por parte del gobierno mexicano, en el año 2015, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó como propuesta la Ley General de Aguas. En esa ocasión, la organización Fresh Water Action (FAN) señalo que el entonces director de Conagua, David Korenfeld, había sido presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) de 2007 a 2012, lo cual podía mostrar un posible conflicto de intereses. La Ley Korenfeld, como fue llamada, mostraba el verdadero interés de legalizar la entrega del agua a las empresas privadas nacionales e internacionales.

Municipalización = privatización del agua vs derecho al agua de las comunidades.

El Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila (2011-2017), privatizo el agua en el municipio Coyotepec entre otros.

Para 1996, 29 estados habían aprobado legislaciones que autorizaban la participación privada mediante contratos de servicios generales. La figura de esta participación, la municipalización, posibilidad administrativa diseñada desde 1983, por Miguel de la Madrid Hurtado. Además, de la privatización enmascarada con el nombre de municipalización, está abría la puerta de actuación en materia del vital líquido al municipio, el estado y la federación, lo cual creo un desconcierto administrativo que sirvió de pretexto para favorecer la inversión privada.

Este recurso legal y administrativo es usado actualmente por los gobiernos estatales para despojar a las comunidades de los recursos naturales. Tal es el caso de Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, quien recurre a esta figura, para concesionar a los particulares el agua que ha sido administrada y cuidada por las propias comunidades, como lo es en el caso de Coyotepec.  

En Puebla, el Gobernado Rafael Moreno Valle (2011-2017) firmo una legislación para privatizar el agua y el drenaje en el estado por 30 años a una empresa privada.

Otro ejemplo es el aprobado en septiembre de 2013, por gobierno poblano de Rafael Moreno Valle, quien firmó una legislación que privatiza el agua y el drenaje en la entidad. Pero la iniciativa no sólo fue votada por el partido del gobernador, sino por todos los partidos políticos representados en la tribuna de Puebla. En este caso, según datos publicados por el periódico La Jornada, el contrato que se otorgó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV tiene una duración de 30 años. En lo que va de la concesión, la empresa recuperó la inversión requerida en el convenio, por mil 726 millones de pesos pagados al gobierno estatal y su margen de ingresos en ese periodo es de 2 mil 400 millones de pesos.

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